7 de noviembre de 2009

La crítica situación de la prensa

(Diario La Nación 07/11/09)

En vísperas de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla desde ayer en Buenos Aires, el periodismo argentino ha sido objeto de nuevos ataques. La presidenta Cristina Kirchner, a su vez, ha confirmado con su indiferencia e incluso su desdén el escaso valor que le adjudica a la prensa libre, convencida de que sólo se ocupa de "denostar al Estado o a los políticos, contribuyendo al desprestigio del Estado o las organizaciones políticas".

Es grave que la primera mandataria se exprese de ese modo después del bloqueo de las distribuidoras de LA NACION, Clarín y Perfil que han protagonizado militantes del Sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, hijo del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, afín al Gobierno. También es grave que el Gobierno permita, en cierto modo, que se entorpezca la libertad de prensa después de haber demostrado con la sanción de la ley de medios que, como observa la SIP, "se sigue transitando un sendero sinuoso, padeciendo toda clase de agravios y descalificaciones que dificultan el ejercicio del periodismo".

Precisamente, la SIP tiene en su agenda como tema primordial, ya abordado en un foro de emergencia reunido en Caracas, la crítica situación provocada por la ley de medios. Debe añadir ahora una maniobra sindical contra los dos diarios de mayor tirada del país con el avieso afán de obstaculizar a la prensa libre. Son más que razonables las reacciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Diarios del Interior de la República (Adira) frente a la violación de derechos tan importantes como la libre circulación de las publicaciones y el acceso a la información de la ciudadanía.

Es sorprendente, o quizá sea adrede, el momento elegido para cargar aún más las tintas contra la prensa: que se reúna en Buenos Aires la asamblea general de la SIP debería ser motivo de orgullo e incluso de un párrafo elogioso de parte del Gobierno por haber elegido a la Argentina por tercera vez en su historia.

Como los buenos modales no parecen ser el fuerte del Poder Ejecutivo, quizá su intención es que pase inadvertido. Difícil tarea frente a unos 500 editores de América en general que pueden apreciar in situ la tirante relación del gobierno argentino con la prensa por presuntas razones ideológicas o de otra índole. Si bien por idénticos motivos son preocupantes varios países, como Venezuela y Ecuador, este tipo de foros suele aprovechar su presencia en la sede que corresponda para tomar nota y debatir aspectos vinculados con el ejercicio del periodismo.

De la presidenta Kirchner, así como de su marido, ni la SIP ni ningún otro organismo vinculado con la libertad de expresión tienen una buena impresión. En la Argentina, desde 2003, son frecuentes los ataques contra publicaciones y periodistas mencionados con nombre y apellido, a lo cual representa no sólo un riesgo para esa persona, sino, sobre todo, una brutal irresponsabilidad de parte de quien señala con el dedo desde algún atril gubernamental con el propósito de fomentar la autocensura por miedo a las represalias y de alertar a quien se crea capaz de hacer justicia por mano propia, como ha ocurrido en otros países.

La tensión gremial, incorporada al conflicto, no es nueva: ya el 25 de noviembre del año último, el Sindicato de Camioneros había bloqueado las plantas impresoras de LA NACION y Clarín . Con ese método, aprobado implícitamente por un gobierno que considera los cortes de casi tres años de los puentes que unen al país con Uruguay como una parte de la "libertad de expresión", la salida de ambos diarios se demoró durante más de tres horas. Desde luego, ni la Presidenta ni ninguno de sus ministros o secretarios mostró real preocupación por el hecho.

Tampoco esta vez, mientras la ciudad de Buenos Aires, prácticamente liberada para marchas y contramarchas sindicales de todo tipo y tenor, se ha convertido en un caos capaz de desquiciar al más paciente.

Esto da una pauta del grado de sensibilidad que puede tener un gobierno que insiste en formular un discurso sesgado contra la prensa sin reparar en el valor esencial que tiene para la vida democrática mientras la sociedad en su conjunto aún carece de una ley de acceso a la información pública y de una norma despenalizadora de los delitos de injurias y calumnias, armas usuales con las cuales se pretende amordazar a los periodistas y que funcionarios kirchneristas no han dudado en utilizar, querellando a periodistas.

Un partido gobernante convencido de su legitimidad y su fe democrática debería tomar la delantera y, de común acuerdo con los interesados, llevar adelante esos proyectos con la sana convicción de que cuanto más libre sea la prensa mejor será para todos. Con la crispación, los reproches y los insultos, y las persecuciones judiciales, los Kirchner sólo han puesto más en duda aún su vocación republicana y su hipócrita mensaje en favor de mejorar la calidad de las instituciones.

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